EL PAÍS, viernes 1 de mayo de 1998 Una juez cita a cuatro diputados de IU por un delito de `okupación' BEGOÑA AGUIRRE, Madrid
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Título
EL PAÍS, viernes 1 de mayo de 1998
Una juez cita a cuatro diputados de IU por un delito de `okupación'
BEGOÑA AGUIRRE, Madrid
Una juez cita a cuatro diputados de IU por un delito de `okupación'
BEGOÑA AGUIRRE, Madrid
Descripción
Recorte artículo de prensa
Fuente
Archivo personal (Marisol)
Fecha
Idioma
ES
Cobertura
||||osm
MadridArtículo sobre la ci
MadridArtículo sobre la ci
Tema
Titular de los Derechos
El PAIS
Resumen
Artículo de prensa sobre la citación a declarar a 4 diputados de IU por su autoinculpación en la okupación del Laboratorio 1
Formato
paper
Tipo
.jpg
Relación
extracted text
MADRID
EL PAÍS, viernes 1 de mayo de 1998
Una juez cita a cuatro diputados de IU por un delito de `okupación'
BEGOÑA AGUIRRE, Madrid
Cuatro diputados regionales de Izquierda Unida, Mariano Gamo, Carlos l'aína, Luis Miguel
Sánchez Seseña y Juan Ramón Sanz, han sido citados a declarar por el juzgado de instrucción
número 46 de Madrid, a instancias del fiscal, como presuntos culpables de un delito de okupación.
En su misma situación hay otras 600 personas, entre ellos una decena de intelectuales y artistas
como Javier Sádaba, Alfonso Sastre, Vicente Molina Foix, Montxo Armendáriz, Andrés Aberasturi,
Pilar Bardem, Quintín Cabrera o Juan Genovés. Todos se autoinculparon el pasado verano como
okupas en apoyo a los jóvenes que desde abril de 1997 viven y organizan conciertos y talleres en El
Laboratorio, un edificio del Ministerio de Economía y Hacienda en Embajadores, 68 (Lavapiés). El
objetivo último de los cuatro diputados y del resto de los autoinculpados es reclamar que la
okupacion deje de estar considerada como delito de usurpación de la vivienda, que el actual Código
Penal castiga con multas de tres a seis meses sustituibles por cárcel en caso de impago. Antes de
1996 estas prácticas sólo se sancionaban con el desalojo, sin trascendencia penal. La presencia de
los cuatro aforados puede elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La juez puede
verse obligada a interrogar a 604 personas autoinculpadas como "okupas" VIENE DE LA PÁGINA
1La citación judicial a los parlamentarios parte de la denuncia presentada el pasado verano por el
Ministerio de Economía para pedir la expulsión de los okupas del edificio de Embajadores. El
juzgado autorizó el desalojo, con el informe favorable del fiscal, pero aún no se ha ejecutado porque
los okupas lo han recurrido ante la Audiencia Provincial. Además de permitir la expulsión de los
jóvenes, el juzgado inició diligencias penales contra ellos a instancias del fiscal. Y es ahí donde la
juez se ha topado con un grave escollo: al citar a declarar en calidad de imputados a quienes
tomaron el edificio de Embajadores se ha topado con que son 604 las personas que se declaran
culpables del delito. Ante la situación kafkiana que supondría tomar declaración a 604 ciudadanos
el juzgado ha solicitado al fiscal, en un escrito del 2 de abril, que tome una decisión para resolver el
embrollo. Además, ante la condición de aforados de cuatro de los presuntos culpables, el caso
debería trasladarse a la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El edificio de
Embajadores, 68, con 10.000 metros cuadrados, permaneció vacío más de tres años pero ahora el
Ayuntamiento de Madrid quiere derribarlo para ampliar el parque del Casino de la Reina (en un
barrio sin zonas verdes) y construir un aparcamiento. Mariano Gamo, uno de los diputados de IU
citados a declarar por la juez, califica a los jóvenes que okupan espacios públicos abandonados
como el de Embajadores, de "herederos del espíritu desamortizador de Mendizabal". "Apoyo todo
aquello que sea insuflar vida a bienes inmuebles amortizados y, por tanto, muertos", afirma. "Creo
que su actividad no es en absoluto vandálica, intentan autoorganizarse y eso es una escuela de
protagonismo social en estos tiempos en que en que parte de la juventud está en el limbo, su
alternativa es tan vieja como la comuna hippy o el monacato franciscano", añade este diputado y
sacerdote. Gamo matiza que apoya estas iniciativas siempre que se trate de espacios vacíos de
titularidad pública, o privada si es un caso flagrante, por ejemplo, un bloque entero de viviendas
vacías. Su compañero de coalición, Carlos Paíno, se declara usuario del inmueble de Embajadores.
"Acudo a algunos conciertos", explica. "En IU consideramos que el problema de la falta de
viviendas baratas es grave y afecta sobre todo a los jóvenes, cuando hay numerosos inmuebles
vacíos", afirma. "La solución está en fomentar la construcción de pisos sociales y los alquileres
económicos, como los de la colonia vallecana San José de cooperativas jóvenes", asegura. "Además
habría que hacer un censo de viviendas vacías y así lo planteamos en la Asamblea, pero el PP se
negó", añade Paíno. El abogado de los okupas, Endika Zulueta, destaca que "es la primera vez en la
historia reciente de este país en que unos parlamentarios son encausados por okupación, una
práctica que no estaba penalizada desde la Dictadura de Primo de Rivera". También resalta algo que
considera paradójico: los mismos jóvenes que están acusados en este caso fueron recibidos en
febrero por el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, para debatir sobre el futuro del edificio que
habitan. "Al tiempo que se les dota de carácter de interlocutores se les tacha de delincuentes, eso
demuestra que ni los propios poderes públicos tienen claro que la okupación de inmuebles en
situación de abandono sea delito", concluye el letrado.
EL PAÍS, viernes 1 de mayo de 1998
Una juez cita a cuatro diputados de IU por un delito de `okupación'
BEGOÑA AGUIRRE, Madrid
Cuatro diputados regionales de Izquierda Unida, Mariano Gamo, Carlos l'aína, Luis Miguel
Sánchez Seseña y Juan Ramón Sanz, han sido citados a declarar por el juzgado de instrucción
número 46 de Madrid, a instancias del fiscal, como presuntos culpables de un delito de okupación.
En su misma situación hay otras 600 personas, entre ellos una decena de intelectuales y artistas
como Javier Sádaba, Alfonso Sastre, Vicente Molina Foix, Montxo Armendáriz, Andrés Aberasturi,
Pilar Bardem, Quintín Cabrera o Juan Genovés. Todos se autoinculparon el pasado verano como
okupas en apoyo a los jóvenes que desde abril de 1997 viven y organizan conciertos y talleres en El
Laboratorio, un edificio del Ministerio de Economía y Hacienda en Embajadores, 68 (Lavapiés). El
objetivo último de los cuatro diputados y del resto de los autoinculpados es reclamar que la
okupacion deje de estar considerada como delito de usurpación de la vivienda, que el actual Código
Penal castiga con multas de tres a seis meses sustituibles por cárcel en caso de impago. Antes de
1996 estas prácticas sólo se sancionaban con el desalojo, sin trascendencia penal. La presencia de
los cuatro aforados puede elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La juez puede
verse obligada a interrogar a 604 personas autoinculpadas como "okupas" VIENE DE LA PÁGINA
1La citación judicial a los parlamentarios parte de la denuncia presentada el pasado verano por el
Ministerio de Economía para pedir la expulsión de los okupas del edificio de Embajadores. El
juzgado autorizó el desalojo, con el informe favorable del fiscal, pero aún no se ha ejecutado porque
los okupas lo han recurrido ante la Audiencia Provincial. Además de permitir la expulsión de los
jóvenes, el juzgado inició diligencias penales contra ellos a instancias del fiscal. Y es ahí donde la
juez se ha topado con un grave escollo: al citar a declarar en calidad de imputados a quienes
tomaron el edificio de Embajadores se ha topado con que son 604 las personas que se declaran
culpables del delito. Ante la situación kafkiana que supondría tomar declaración a 604 ciudadanos
el juzgado ha solicitado al fiscal, en un escrito del 2 de abril, que tome una decisión para resolver el
embrollo. Además, ante la condición de aforados de cuatro de los presuntos culpables, el caso
debería trasladarse a la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El edificio de
Embajadores, 68, con 10.000 metros cuadrados, permaneció vacío más de tres años pero ahora el
Ayuntamiento de Madrid quiere derribarlo para ampliar el parque del Casino de la Reina (en un
barrio sin zonas verdes) y construir un aparcamiento. Mariano Gamo, uno de los diputados de IU
citados a declarar por la juez, califica a los jóvenes que okupan espacios públicos abandonados
como el de Embajadores, de "herederos del espíritu desamortizador de Mendizabal". "Apoyo todo
aquello que sea insuflar vida a bienes inmuebles amortizados y, por tanto, muertos", afirma. "Creo
que su actividad no es en absoluto vandálica, intentan autoorganizarse y eso es una escuela de
protagonismo social en estos tiempos en que en que parte de la juventud está en el limbo, su
alternativa es tan vieja como la comuna hippy o el monacato franciscano", añade este diputado y
sacerdote. Gamo matiza que apoya estas iniciativas siempre que se trate de espacios vacíos de
titularidad pública, o privada si es un caso flagrante, por ejemplo, un bloque entero de viviendas
vacías. Su compañero de coalición, Carlos Paíno, se declara usuario del inmueble de Embajadores.
"Acudo a algunos conciertos", explica. "En IU consideramos que el problema de la falta de
viviendas baratas es grave y afecta sobre todo a los jóvenes, cuando hay numerosos inmuebles
vacíos", afirma. "La solución está en fomentar la construcción de pisos sociales y los alquileres
económicos, como los de la colonia vallecana San José de cooperativas jóvenes", asegura. "Además
habría que hacer un censo de viviendas vacías y así lo planteamos en la Asamblea, pero el PP se
negó", añade Paíno. El abogado de los okupas, Endika Zulueta, destaca que "es la primera vez en la
historia reciente de este país en que unos parlamentarios son encausados por okupación, una
práctica que no estaba penalizada desde la Dictadura de Primo de Rivera". También resalta algo que
considera paradójico: los mismos jóvenes que están acusados en este caso fueron recibidos en
febrero por el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, para debatir sobre el futuro del edificio que
habitan. "Al tiempo que se les dota de carácter de interlocutores se les tacha de delincuentes, eso
demuestra que ni los propios poderes públicos tienen claro que la okupación de inmuebles en
situación de abandono sea delito", concluye el letrado.
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